La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el pago de 171 millones de dólares a dos fondos de inversión, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, en el marco de litigios internacionales derivados del default de la deuda argentina en 2001. La iniciativa fue sancionada con 139 votos afirmativos y 97 negativos, sin abstenciones, y permitirá al Estado argentino cerrar procesos judiciales y auditorías sobre activos nacionales en el exterior.

El acuerdo, que incluye una quita superior al 30% sobre el valor nominal de las sentencias originales, establece un mecanismo de "Entrega contra Pago" y una cláusula de protección legal denominada "standstill", que impide a los demandantes iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras del país. El pago se distribuirá en 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. Según el oficialismo, la urgencia de la aprobación se debió al vencimiento de la prórroga del acuerdo el próximo 30 de junio.

Durante el debate, el oficialismo defendió la medida como un paso necesario para cerrar litigios que afectan la estabilidad financiera y el acceso a los mercados internacionales. "Se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente, se nos exime de pagar honorarios legales y los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales", argumentó el diputado Bertie Benegas Lynch. Por su parte, la oposición cuestionó la falta de asignación presupuestaria y advirtió sobre el posible incremento de la deuda externa. El diputado Miguel Pichetto calificó el acuerdo como "un juego del sector financiero" y criticó la transparencia del proceso.

En la misma sesión, la Cámara otorgó media sanción al Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones que fue respaldado por 130 votos a favor, 105 en contra y siete abstenciones. El proyecto, impulsado por el gobierno, busca atraer inversiones mediante beneficios impositivos y exenciones en derechos de exportación, aunque fue criticado por la oposición por su posible sesgo hacia grandes inversores extranjeros y la falta de controles adecuados.

El pago a los fondos buitre y la aprobación del Súper RIGI se enmarcan en los esfuerzos del gobierno por resolver litigios históricos y mejorar el clima de inversiones, aunque el debate parlamentario evidenció profundas divisiones políticas y cuestionamientos sobre el impacto a largo plazo de estas medidas.