Familiares, retirados y allegados de las cinco fuerzas federales argentinas se manifestaron este jueves frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires, para reclamar mejoras salariales y en la cobertura médica. La protesta, que tuvo un carácter simbólico y pacífico, se realizó bajo el lema “Todos juntos por un salario digno” y reunió a unas 200 personas, según estimaciones en el lugar. La participación de agentes en actividad fue limitada debido al temor a posibles sanciones disciplinarias, ya que la legislación argentina prohíbe a las fuerzas de seguridad realizar huelgas o acciones que alteren el servicio.

La movilización se concretó poco después del acto encabezado por el presidente Javier Milei en Plaza San Martín, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese acto, Milei aseguró que destinará el 10% de los ingresos por privatizaciones a la compra de armamento para “reconstruir las Fuerzas Armadas”.

El Gobierno había anunciado 24 horas antes el otorgamiento de un bono extraordinario para el personal de las cinco fuerzas federales, formalizado mediante el decreto 216/2026. El bono consiste en un pago fijo, no remunerativo y por única vez de $40.000, además de sumas adicionales de entre $100.000 y $300.000 según la jerarquía de cada agente, aunque los dos rangos más altos de cada fuerza quedan excluidos de este beneficio. El Ejecutivo argumentó que la medida busca “reconocer y mantener una adecuada jerarquización” y mejorar la capacidad adquisitiva del personal, financiando el gasto con partidas ya previstas en el presupuesto nacional.

Sin embargo, los organizadores de la protesta consideraron que el bono representa solo un alivio temporal y no resuelve el reclamo de fondo por mejoras estructurales en los salarios. “Estamos en una situación de emergencia”, expresó el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel. Otro manifestante señaló: “Con el bono de 40 mil pesos tenés que elegir si comprás pan, comprás la leche o cargás la sube. No sirve, es una migaja”.

El reclamo salarial se apoya en que los ingresos más bajos dentro de las fuerzas federales rondan entre los $700.000 y $900.000 mensuales, cifras que, según los manifestantes, se ubican por debajo de la línea de pobreza estimada en $1.400.000 para una familia tipo. Además, denunciaron el deterioro de la cobertura médica tras la reorganización del sistema de salud del sector, con la división en dos entidades, una para las fuerzas de seguridad y otra para el personal militar, lo que no habría mejorado la atención.

La protesta también incluyó críticas a la gestión de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a la falta de respuestas estructurales. Los manifestantes presentaron un petitorio al Ministerio de Seguridad y advirtieron que la situación obliga a muchos efectivos a buscar trabajos informales para complementar sus ingresos. El episodio marca un hecho inédito en la historia reciente de las fuerzas federales y pone en evidencia el malestar creciente en el sector, en un contexto de inflación y ajuste económico.