Cinco de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 han iniciado estudios universitarios mientras cumplen sus penas en la cárcel de Melchor Romero, en La Plata. Cuatro de ellos, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, cursan la carrera de Derecho a distancia en la [Universidad Nacional de La Plata](/entities/entity_1744826773918_853) (UNLP), mientras que Ciro Pertossi, también condenado a prisión perpetua, estudia Análisis y Gestión de Datos en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), bajo modalidad virtual.

La noticia cobró relevancia tras la difusión de un mensaje de Ciro Pertossi en un foro estudiantil, donde se presentó como un alumno más, sin mencionar su situación judicial. Según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, las actividades académicas de los condenados se desarrollan a través de plataformas digitales, permitiendo la participación en clases y exámenes desde el penal.

El acceso a la educación universitaria forma parte de las políticas de reinserción social implementadas en el sistema penitenciario. Sin embargo, el caso adquiere una dimensión particular debido al impacto social del crimen y la gravedad de las condenas: cinco de los jóvenes recibieron prisión perpetua y tres, penas de 15 años.

En una reciente entrevista televisiva, Lucas Pertossi expresó su arrepentimiento por no haber intervenido para evitar el desenlace fatal y cuestionó la estrategia de defensa conjunta utilizada durante el juicio. Su nuevo representante legal presentó un pedido de nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema, argumentando que la defensa común no contempló las diferencias individuales entre los acusados y vulneró garantías constitucionales.

El crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell, conmocionó a la sociedad argentina y generó un extenso debate sobre la responsabilidad penal y la reinserción de los condenados. Mientras continúan las instancias judiciales, la vida de los rugbiers transcurre entre el cumplimiento de sus penas y la incorporación de actividades educativas, en un intento de reorganizar su cotidianeidad dentro del sistema penitenciario. El acceso a la educación de los condenados sigue generando opiniones divididas en la sociedad, mientras el caso permanece vigente en la agenda pública.