La Justicia federal argentina investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de dos propiedades y movimientos de fondos en dólares. La causa, impulsada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, se centra en determinar si Adorni puede justificar los fondos utilizados en la compra de inmuebles y en viajes al exterior, considerando sus ingresos como funcionario público.

El fiscal Gerardo Pollicita lidera la investigación y ha tomado declaración a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias. Nechevenko explicó ante la Justicia que las transacciones se realizaron mediante hipotecas privadas y pagos en efectivo, y aseguró que no advirtió irregularidades en el proceso. "No hubo préstamos, nadie prestó dinero en efectivo", afirmó la escribana, quien también entregó documentación adicional a la fiscalía.

Uno de los inmuebles, ubicado en el barrio de Caballito, fue adquirido a través de una hipoteca privada de 200.000 dólares, sin intereses y con un bajo anticipo, condiciones consideradas inusuales en el mercado. El otro, en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, se compró con una hipoteca de 100.000 dólares a devolver en un año con un interés del 11%. En ambos casos, el matrimonio Adorni-Angeletti aportó sumas adicionales en efectivo.

El exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento de Caballito, confirmó en declaraciones radiales que vendió la propiedad a un precio rebajado y sin conocer personalmente a Adorni. Morales explicó que la decisión de vender se debió a la falta de ofertas y a la necesidad de concretar la operación.

La investigación también examina si la condición de funcionario público de Adorni requería una mayor diligencia en la verificación del origen de los fondos, especialmente por parte de la escribana. "Con que declare que es de origen legal ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo (documentación respaldatoria)", sostuvo Nechevenko en una entrevista.

Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales aseguran que Adorni "tiene todo en regla" y que la situación se aclarará con la presentación de su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el caso ha generado debate público y mediático sobre la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios, en un contexto de creciente escrutinio sobre el gobierno de Javier Milei. Se esperan nuevas medidas judiciales, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, para avanzar en la investigación.