La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó esta semana con la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó varias de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha. La causa, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, se centra en la adquisición de dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, propiedades que no figuran en la declaración jurada del funcionario.

Según el testimonio de Nechevenko, el departamento de la calle Miró, en Caballito, fue adquirido por Adorni mediante un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a pagar hasta noviembre de 2026, sin intereses, a las ex propietarias Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. En paralelo, la compra de un departamento en Parque Chacabuco se realizó con un préstamo de 100.000 dólares otorgado por la comisaria retirada Graciela Molina y su hija, también policía federal, Victoria Cancio. La devolución de este crédito fue pactada en 24 cuotas con un interés del 11% anual.

La escribana, al ser consultada por el origen de los fondos utilizados en las operaciones, evitó dar precisiones y sostuvo que esa explicación corresponde al propio Adorni. "No hubo ningún préstamo de dinero, sino compraventas con hipotecas por saldo de precio", aclaró Nechevenko al salir de los tribunales de Comodoro Py. La Justicia, sin embargo, busca determinar si los esquemas de financiamiento y la simultaneidad de las compras son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete y su entorno familiar.

En el marco de la investigación, el juez federal Ariel Lijo ordenó allanamientos en las sedes de la inmobiliaria que intervino en la venta del departamento de Caballito, con el objetivo de recolectar documentación y registros de las operaciones. Además, se solicitó el acceso a comunicaciones entre los involucrados y se citó a declarar a las cuatro mujeres que habrían financiado las compras.

El caso ha generado repercusiones en distintos ámbitos, especialmente por la participación de empleadas estatales como acreedoras del funcionario. Las policías involucradas aseguran tener toda la documentación en regla y justifican su capacidad financiera por herencias familiares. La investigación continúa enfocada en esclarecer la legalidad y transparencia de las operaciones, así como la consistencia entre el patrimonio declarado y las adquisiciones realizadas por Adorni.