Una protesta de cooperativistas frente a la Municipalidad de La Plata derivó este viernes en graves incidentes, con destrozos, incendio en el edificio y la detención de 22 personas. El conflicto se originó tras la decisión del municipio, encabezado por Julio Alak, de reemplazar la contratación directa de cooperativas de limpieza y reciclado por un sistema de licitación pública, en cumplimiento de una intimación del Tribunal de Cuentas bonaerense.

Según informaron fuentes municipales, los daños ocasionados durante la manifestación superan los 43 millones de pesos e incluyen la reparación de vidrios, puertas, vitrales y trabajos de pintura en el Palacio Municipal. "La comuna deberá destinar más de 43 millones de pesos para reparar los daños causados por militantes del MTE", señalaron desde la intendencia, que además presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad.

Durante los incidentes, que comenzaron cerca del mediodía, manifestantes intentaron ingresar al edificio, arrojaron piedras y prendieron fuego en el acceso principal, mientras en el interior se desarrollaba un acto con más de 300 vecinos. El operativo policial dejó al menos siete heridos, entre ellos seis agentes y un vecino, y la detención de 22 personas, aunque desde el MTE aclararon que ninguno de los detenidos pertenece a su organización.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos y otras organizaciones sociales denunciaron una "campaña de persecución política y mediática" por parte del municipio y rechazaron la versión oficial sobre los hechos. "Nos quieren cambiar trabajo genuino, ambiental y digno por una tarjeta de racionamiento para intentar callarnos la boca", expresaron en un comunicado, y exigieron la inmediata liberación de los detenidos.

El municipio justificó el cambio en el sistema de contratación por la necesidad de cumplir con la ley y evitar sanciones administrativas, mientras que las cooperativas sostienen que la medida deja sin empleo a cientos de trabajadores precarizados. El episodio generó repercusiones políticas, con pedidos de esclarecimiento y sanción a los responsables por parte de la oposición. El conflicto pone en debate el futuro de las políticas de empleo y reciclado en la ciudad, en un contexto de tensión social y económica.