El Gobierno argentino ha acelerado en las últimas semanas el proceso de privatización de empresas públicas, con el objetivo de recaudar entre USD 2.000 y USD 3.000 millones adicionales antes de fin de año. Según el viceministro de Economía, José Luis Daza, esta estrategia forma parte de la hoja de ruta establecida en la Ley Bases y busca reducir el déficit fiscal y cumplir compromisos con bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el inicio de la actual gestión, el Estado ha recaudado USD 1.081 millones por la venta de activos en sectores metalúrgico y energético. Entre las operaciones más destacadas se encuentran la venta de IMPSA por USD 27 millones, la adjudicación de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue por USD 700 millones y la reciente venta del paquete accionario de Citelec, controlante de Transener, por USD 356 millones. La mayor parte de estos fondos se destinó al pago de compromisos financieros internacionales.

Entre las empresas en proceso de privatización, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es una de las más avanzadas. El Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones estatales, reservando el 10% para los trabajadores. Se espera recaudar alrededor de USD 500 millones con esta operación. Por su parte, la licitación de Intercargo, empresa estatal de servicios aeroportuarios, fue postergada varias veces y la apertura de sobres está prevista para el 25 de junio, con un precio base de USD 45,1 millones.

El proceso de privatización de Belgrano Cargas, que incluye la venta de material rodante y la concesión de líneas ferroviarias, también avanza, aunque con demoras técnicas y administrativas. El presidente de [Nucleoeléctrica Argentina](/entities/entity_1745024701554_686) S.A. (NASA) subrayó la necesidad de reestructurar la empresa debido al exceso de personal, mientras que Fabricaciones Militares no será privatizada, pero buscará socios industriales para modernizar su producción.

La concesión de la Hidrovía, clave para el comercio exterior argentino, fue adjudicada al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y un contrato de 25 años. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán atraer inversiones y mejorar la eficiencia de los servicios públicos, aunque algunos precios base han generado debate en el sector privado. El proceso continuará en los próximos meses, con la expectativa de cerrar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año.