La Justicia Federal de San Isidro llevó a cabo allanamientos en la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. El operativo, ordenado por el juez Lino Mirabelli y el fiscal federal Federico Domínguez, se realizó tras la autorización de la Cámara de Diputados, que aprobó el pedido con 215 votos afirmativos.

La causa se centra en la transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Además, se investiga un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado en 2019, que estipulaba pagos mensuales por servicios de asesoría económica para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.

Durante los allanamientos, se secuestraron celulares, dispositivos tecnológicos y documentación relevante. Espert entregó voluntariamente su teléfono móvil y estuvo acompañado por sus abogados. El despacho del diputado en el Congreso fue precintado y custodiado por personal de seguridad antes de la intervención judicial.

La investigación, iniciada por una denuncia del dirigente social Juan Grabois, busca determinar si los fondos recibidos por Espert provienen de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. En paralelo, el diputado enfrenta otra causa penal por el uso de aeronaves de Machado durante la campaña presidencial de 2019, vuelos que no fueron declarados oficialmente.

El escándalo político llevó a Espert a renunciar a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, además de solicitar licencia con goce de sueldo. Por su parte, el presidente Javier Milei anunció que el gobierno aprobará la extradición de Machado, cuya solicitud recibió el visto bueno de la Corte Suprema esta semana.

Espert ha sostenido públicamente que el dinero recibido fue por servicios profesionales y no por actividades ilícitas, aunque los documentos encontrados contradicen parte de su versión. La causa permanece bajo secreto de sumario y no se han dictado órdenes de detención hasta el momento. El caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial, mientras se esperan nuevas medidas de prueba y el avance de la investigación.