La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender temporalmente el proceso de búsqueda de activos embargables de Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Esta medida, solicitada por la Procuración del Tesoro y respaldada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, implica que no se podrán avanzar acciones judiciales ni investigaciones sobre activos argentinos hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por el Estado nacional.

La decisión representa un alivio para el Gobierno argentino, que enfrenta una condena de más de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses supera los 18.000 millones, a favor de exaccionistas de la petrolera. El presidente Javier Milei calificó el fallo como "histórico" y destacó el trabajo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería para lograr este resultado. "Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", afirmó Milei en un comunicado oficial.

El proceso de discovery, ahora suspendido, permitía a los demandantes—principalmente los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital—solicitar información detallada sobre activos argentinos, incluyendo comunicaciones de funcionarios y datos sobre reservas en el exterior. El Gobierno argentino argumentó que los pedidos eran excesivos y hostigadores, habiendo entregado ya 115.000 páginas de documentación y 37 horas de testimonios de altos funcionarios.

La suspensión también alcanza la moción de desacato y deja sin efecto audiencias sobre supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery. Analistas consideran que la medida es positiva para el país, aunque advierten que la decisión de fondo sobre la apelación aún está pendiente y podría demorar entre seis y doce meses.

El conflicto judicial se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino expropió el 51% de YPF, lo que derivó en demandas de accionistas minoritarios ante tribunales estadounidenses. En 2023, la jueza federal Loretta Preska falló contra Argentina, ordenando el pago millonario. La resolución de la Cámara de Apelaciones no implica un pronunciamiento definitivo, pero otorga tiempo clave a la estrategia de defensa argentina, mientras se espera la decisión final que podría confirmar, revocar o modificar el fallo original.