Javier Milei atraviesa su mejor momento político desde que asumió la presidencia de Argentina, tras lograr la aprobación de reformas históricas en el Congreso. En menos de un mes, el oficialismo consiguió sancionar la reforma laboral más profunda en medio siglo, la baja de la edad de imputabilidad penal y avances en la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Estos logros se alcanzaron gracias a una nueva mayoría parlamentaria, conformada por alianzas transaccionales con gobernadores peronistas y provinciales, que buscan mantener beneficios económicos en un contexto de recesión y alta inflación.

La reforma laboral, que permite jornadas de hasta 12 horas, abarata despidos y limita el poder sindical, fue aprobada tras intensas negociaciones y la retirada de artículos polémicos. La baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años, aunque popular, generó críticas por su enfoque punitivo. El oficialismo también avanzó en la designación de autoridades judiciales y en la reconfiguración de fuerzas en el Senado, donde el peronismo perdió representación histórica y enfrenta divisiones internas.

En el plano económico, Argentina registró un crecimiento del 4,4% en 2025, impulsado por el agro, la minería y las finanzas, pero sin generación de empleo formal. Desde la asunción de Milei, se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo registrados, mientras la inflación se mantiene alta y el endeudamiento familiar crece. El apoyo de los gobernadores es considerado frágil y condicionado a la evolución económica, con la mayoría de ellos sin acuerdos electorales firmes con la Casa Rosada.

Las encuestas reflejan una desaprobación creciente hacia Milei, que alcanza el 55,3%, aunque conserva un núcleo duro de apoyo cercano al 40%. El peronismo, por su parte, atraviesa una crisis de liderazgo y narrativa, con Cristina Kirchner fuera de escena y Axel Kicillof intentando consolidar su figura. Empresarios y sindicatos muestran preocupación por el cierre de empresas y la falta de recuperación salarial, mientras la sociedad mantiene expectativas divididas sobre el futuro político y económico del país.

El Gobierno apuesta a acelerar su agenda de reformas antes de que cambie el clima político y social, consciente de que la gobernabilidad depende de resultados económicos más sólidos. La oposición, debilitada y fragmentada, busca reconstruir unidad y recurrir a la vía judicial para frenar las reformas. El escenario político argentino se mantiene volátil, con el rumbo de la economía como principal variable de estabilidad y poder.