Un escándalo de fraude y desvío de medicamentos sacude al sistema de salud argentino tras la detención de un cardiólogo de Acebal, Santa Fe, y un enfermero, acusados de defraudar al PAMI por más de mil millones de pesos y de almacenar opioides de uso controlado. La investigación, impulsada por auditorías del PAMI y denuncias de afiliados, reveló que el profesional habría facturado más de 50.000 prácticas médicas entre 2023 y 2025, muchas de ellas a pacientes que nunca recibieron atención ni viajaron a la provincia.

Durante los allanamientos realizados en Acebal y Wheelwright, la Policía Federal incautó 243 ampollas usadas de fentanilo y 50 de morfina sin utilizar, además de material quirúrgico, vacunas y otros medicamentos hospitalarios. "El hallazgo de semejante cantidad de opioides motivó la apertura de una causa paralela por suministro y almacenamiento indebido de estupefacientes", señalaron fuentes judiciales. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dictó prisión preventiva para ambos imputados, mientras la investigación avanza en dos frentes: el fraude al PAMI y el desvío de medicamentos.

El expediente detalla que el médico transmitió prácticas por más de $1.000 millones y cobró más de $580 millones, con partidas aún pendientes. Los fiscales remarcaron que la mayoría de los afiliados involucrados residen en otras provincias, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra fraudulenta de gran escala. "En todos los expedientes analizados, el criterio utilizado para detectar los desvíos consiste en calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención declaradas", explicaron desde el PAMI.

El caso ha generado preocupación en el ámbito sanitario y expuso debilidades en los controles internos del sistema de salud. PAMI confirmó que hay investigaciones abiertas sobre otros profesionales y que se han dispuesto débitos y retenciones preventivas de pagos en casos similares. Las autoridades buscan determinar el alcance de la maniobra y la posible participación de otros involucrados, mientras se aguardan definiciones clave sobre la situación de los detenidos y el destino de los insumos secuestrados. El avance de la causa podría derivar en nuevas imputaciones y en reformas en los mecanismos de control de prestaciones y medicamentos.