Denuncia ante Ética Pública y silencio oficial por la polémica contratación en Cultura
• Mendoza: informe oficial revela que festivales y Vendimia generaron $120 mil millones y 2 millones de asistentes. • Denuncian posible conflicto de intereses en la contratación del estudio. • Investigan pagos y vínculos entre consultores y empleados públicos.


La temporada cultural de verano 2025/2026 en Mendoza fue una de las más activas de los últimos años, con 160 eventos y 453 noches culturales que convocaron a más de 2 millones de personas. Según el informe presentado por la Subsecretaría de Cultura, el impacto económico superó los $120 mil millones, generando más de 35 mil empleos temporales y beneficiando principalmente a los sectores de turismo y gastronomía. El estudio, elaborado por el equipo de Industrias Creativas, destaca que por cada peso invertido en la organización de festivales y fiestas, retornaron cinco pesos a la economía local, consolidando a Mendoza como un polo cultural y económico en el país.
Sin embargo, la difusión del informe estuvo acompañada de una controversia por la contratación de la consultora responsable del estudio. Mariano Peroni, director de Estudios.S y empleado de la Dirección de Industrias Creativas, figura como uno de los autores del informe junto a Andrea Gelvez y Pablo Potaschner, quienes también tienen vínculos laborales con organismos estatales. El pago de $3,6 millones por el trabajo fue realizado a Gelvez y Potaschner, lo que generó sospechas de una posible triangulación para eludir las restricciones legales que impiden a empleados públicos facturar servicios a dependencias estatales.
El concejal Martín González presentó una denuncia ante la Oficina de Ética Pública para que se investiguen posibles violaciones al régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses. La normativa provincial establece que los agentes estatales no pueden actuar como proveedores del Estado ni prestar servicios a organismos públicos cuando existe relación directa con sus funciones. La denuncia también advierte sobre la participación previa de la consultora en trabajos para el área de Cultura, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Desde el Ministerio de Cultura, las autoridades evitaron dar declaraciones públicas sobre la contratación y los vínculos entre los profesionales involucrados. No obstante, el subsecretario Diego Gareca defendió la importancia del informe para la planificación estratégica y la transparencia en la gestión de recursos públicos. Además, Gareca criticó la superposición de festivales en el calendario provincial, señalando que una mejor coordinación podría potenciar el impacto cultural y económico de estos eventos.
La Oficina de Ética Pública deberá analizar la documentación presentada y determinar si corresponde avanzar con una investigación formal. De confirmarse las irregularidades, podrían derivarse sanciones administrativas para los funcionarios y consultores involucrados. Mientras tanto, el informe sigue siendo un insumo clave para dimensionar el aporte de la cultura al desarrollo económico y social de Mendoza, aunque su legitimidad está bajo escrutinio.
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