Fisipa, la empresa textil que en 2014 reabrió la histórica planta de la ex Sniafa en La Plata, atraviesa su momento más crítico tras declararse en concurso preventivo de acreedores. La compañía, que llegó a emplear a cerca de 100 trabajadores, hoy cuenta con solo ocho empleados y enfrenta una deuda total de $565,3 millones, según la documentación presentada ante la Justicia Comercial.

El deterioro de la empresa se aceleró en los últimos dos años, con sucesivas reducciones de personal, suspensiones y despidos. El conflicto se intensificó el 22 de mayo, cuando 17 trabajadores fueron despedidos y se enteraron de su desvinculación al llegar a la planta. Posteriormente, realizaron una protesta frente al establecimiento y el caso llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense. En una audiencia, Fisipa ofreció abonar solo el 50% de las indemnizaciones, propuesta rechazada por los empleados, quienes reclaman el pago íntegro de las compensaciones.

La apertura del concurso preventivo fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo de Alberto Alemán, tras la presentación de la empresa el 1 de junio. Los acreedores tienen plazo hasta el 15 de septiembre para verificar sus créditos ante la sindicatura designada. Entre los principales compromisos figuran deudas con proveedores, empresas de energía, organismos públicos, la Asociación Obrera Textil y obligaciones impositivas y laborales acumuladas.

Fisipa nació ocupando el predio de 40.000 metros cuadrados de la ex Sniafa, que durante décadas fue una de las plantas textiles más importantes de La Plata. Tras la reapertura, la empresa logró expandirse hasta 2017, pero desde entonces comenzó un ciclo de retroceso, en línea con el deterioro general de la industria textil argentina. La pandemia provocó una caída temporal, aunque en 2021 la producción repuntó brevemente. Sin embargo, en 2023 la empresa volvió a enfrentar dificultades por las restricciones a la importación de insumos, de los cuales más del 90% son de origen extranjero.

En 2024, la situación se agravó por la reducción de aranceles y la eliminación de mecanismos de administración del comercio exterior, lo que facilitó el ingreso de productos importados y aumentó la competencia. A esto se sumaron incrementos de más del 600% en tarifas de servicios públicos, altos costos de financiamiento y aumentos salariales. La empresa sostiene que, al tratarse de un commodity con precio internacional, no pudo trasladar estos mayores costos a sus precios de venta, lo que redujo la utilización de la capacidad instalada y volvió inviable el negocio.

La crisis de Fisipa refleja la situación del sector textil argentino, que según datos de la Fundación Pro Tejer y el INDEC, registró una caída del 23% interanual en abril y una utilización promedio de la capacidad instalada de solo 36,6%. El futuro de la empresa dependerá de la renegociación con acreedores y de la evolución del sector industrial nacional.