El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Durante los procedimientos, la justicia incautó más de 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína, ketamina y equipos de espionaje, además de documentación y dispositivos electrónicos que quedaron bajo análisis judicial.

La investigación se originó a partir del robo de cables de fibra óptica valuados en 150 mil dólares, destinados a un proyecto de ARSAT. El hecho, ocurrido en un depósito de San Fernando, reveló una trama de contrataciones irregulares y presunto pago de sobornos a funcionarios de la empresa estatal. La empresa Argentina Logistic Services (ALS) fue beneficiada con contratos directos, fragmentados para evitar licitaciones, y se sospecha que pagó coimas para obtenerlos. El subgerente de compras de ARSAT, Gerardo Boschin, también está bajo investigación por su rol en la maniobra.

Los allanamientos, ordenados por la justicia federal de San Isidro, permitieron secuestrar teléfonos, computadoras y valijas con grandes sumas de dinero. En la casa de Mendoza de Leal, el dinero estaba dividido en bloques termosellados, lo que generó sospechas sobre su origen y la posibilidad de lavado de activos. Además, se hallaron equipos de espionaje de alta tecnología, cuyo uso y procedencia serán peritados por la justicia.

Facundo Leal, abogado mendocino con una extensa trayectoria en organismos estatales, logró mantenerse en cargos estratégicos durante casi dos décadas, atravesando distintas administraciones y tejiendo una amplia red de vínculos políticos y empresariales. Su patrimonio declarado mostraba un crecimiento sostenido, pero la magnitud del efectivo secuestrado abrió interrogantes sobre activos no informados y eventuales maniobras de enriquecimiento ilícito.

El caso ha generado preocupación en el ámbito político y judicial por la posible utilización de equipos de espionaje y la penetración de prácticas corruptas en organismos clave del Estado. La investigación continúa y podría extenderse a otros funcionarios y empresarios vinculados a la red de contrataciones irregulares.