El Gobierno de La Pampa y los gremios estatales y docentes se encuentran en medio de una tensa negociación salarial, marcada por el rechazo de las propuestas oficiales y la convocatoria a un paro docente para el inicio del ciclo lectivo. El Ejecutivo provincial presentó dos alternativas de aumento salarial para el primer trimestre de 2026, ambas diseñadas para superar la inflación estimada del 8,95%. La primera opción contempla una cláusula gatillo más un incremento real del 2%, mientras que la segunda suma $50.000 remunerativos al salario mínimo garantizado.

Según el Gobierno, estas propuestas permitirían que el salario mínimo garantizado ascienda a $1.105.353,95 o $1.135.233,26 en abril, asegurando ingresos por encima de la Canasta Básica Total publicada por el Indec. Sin embargo, los gremios estatales y docentes consideraron insuficientes los incrementos y reclamaron un salario mínimo de $1.300.000 para estatales y $1.200.000 para docentes, además de medidas complementarias como la devolución de días de paro, un plan de desendeudamiento y pases a planta permanente.

La Mesa Intersindical decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo, mientras que UTELPa, el gremio docente mayoritario, cerró la paritaria y convocó a un paro para el 2 de marzo, sumándose a la medida nacional de CTERA. "No lo consideramos una propuesta salarial", expresó Susana Funes, representante de la Mesa Intersindical. Por su parte, el Gobierno provincial lamentó la decisión de UTELPa de cerrar el diálogo, destacando que la política salarial pampeana se mantiene por encima de la media nacional.

El conflicto salarial se desarrolla en un contexto de caída de ingresos provinciales, producto de la baja de la coparticipación y recortes sistemáticos de recursos nacionales. A nivel nacional, CTERA denunció un ajuste que llevó la inversión en educación al 0,75% del PBI, incumpliendo la ley que exige un mínimo del 6%. Este recorte afecta directamente a programas educativos, infraestructura y becas, profundizando las desigualdades sociales.

La situación en La Pampa refleja la tensión entre la necesidad de recomponer salarios y las limitaciones presupuestarias, en un escenario donde la educación pública enfrenta desafíos estructurales y recortes que impactan en el futuro de la provincia y el país.