El primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior se realizó este lunes en la ciudad de Córdoba, congregando a ministros de Seguridad y jefes policiales de 22 provincias argentinas, junto a autoridades nacionales. La reunión, celebrada en el Centro de Convenciones Córdoba, fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro cordobés, Juan Pablo Quinteros.

Durante la apertura, Monteoliva destacó la importancia de la coordinación federal en materia de seguridad, afirmando que "la seguridad no puede gestionarse en solitario: requiere intercambio de información, trabajo operativo conjunto y una mirada compartida sobre los problemas que enfrentamos". En la misma línea, Quinteros remarcó el rol de Córdoba como anfitriona y referente en la articulación de políticas públicas de seguridad.

El evento sirvió como plataforma para la firma de un Acta de Compromiso Federal, que busca fortalecer la cooperación entre la Nación y las provincias en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado. Entre los temas abordados se destacaron la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la baja en la tasa de homicidios en varias jurisdicciones. Además, la provincia de Mendoza presentó su experiencia en la implementación de un registro de huellas genéticas, lo que motivó el anuncio de la futura conformación de un banco de datos genéticos a nivel nacional.

Nancy Sosa, ministra de Seguridad de San Luis, valoró la amplia convocatoria y la continuidad del trabajo conjunto, subrayando la importancia del federalismo impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. "Comienza un año en materia de seguridad que tendrá mucho trabajo y coordinación. Lo importante de este Consejo, por sobre todas las cosas, es el federalismo que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación, promoviendo el trabajo conjunto entre todas las jurisdicciones del país", concluyó Sosa.

El Consejo de Seguridad Interior, creado por la Ley 24.059, se consolida así como un espacio clave para la articulación de políticas públicas y la coordinación operativa entre los distintos niveles del Estado, en un contexto donde el delito trasciende fronteras provinciales y exige respuestas integradas. El encuentro en Córdoba refuerza la apuesta por el trabajo en red y la búsqueda de resultados concretos y medibles en materia de seguridad pública.