Un megaoperativo federal realizado en agosto de 2025 en Finca Karina, un predio de 18 hectáreas en Aguas Blancas, Salta, permitió desarticular una de las redes de contrabando más grandes de la frontera norte argentina. La investigación, liderada por la Justicia Federal y fuerzas de seguridad, reveló que el lugar funcionaba como una "aduana paralela", facilitando el ingreso y egreso ilegal de mercancías, vehículos robados y hasta estupefacientes entre Argentina y Bolivia.

Según fuentes judiciales, la estructura criminal recaudaba cerca de $3.000 millones anuales, con un promedio de 300 vehículos diarios que pagaban tarifas fijas para ingresar y transportar bultos. "El predio funcionaba peligrosamente como una aduana paralela con un enorme perjuicio al Estado", señaló el juez Santiago French durante una audiencia reciente. La investigación se apoyó en inteligencia, agentes encubiertos, videos de drones y allanamientos que permitieron incautar documentación y teléfonos celulares.

Actualmente, el caso cuenta con cuatro prófugos, entre ellos Alfredo Salazar, presunto organizador de la red y hermano de Gladis Salazar, la única detenida con prisión preventiva. Gladis Salazar, técnica farmacéutica y titular registral del inmueble, es considerada por la fiscalía como figura central en la organización. Los otros diez imputados permanecen en libertad bajo estrictas medidas de control, como la obligación de presentarse ante Gendarmería y la prohibición de salir del país o acercarse al predio, que sigue clausurado y bajo custodia federal.

El caso ha puesto en evidencia la permisividad estatal y la falta de fiscalización en zonas de frontera, así como la posible complicidad de funcionarios públicos. El municipio de Aguas Blancas fue intervenido tras la destitución de su intendente por hechos relacionados. Se espera que en las próximas semanas la Fiscalía presente la acusación formal, lo que podría arrojar luz sobre el grado de participación de cada imputado y el destino de los prófugos. El expediente se perfila como uno de los más relevantes en materia de contrabando en la frontera norte argentina, reavivando el debate sobre la impunidad y la necesidad de reforzar los controles estatales en áreas sensibles.