Lázaro Báez, empresario santacruceño condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y corrupción en las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, fue internado de urgencia en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza tras presentar un cuadro de neumonía. La situación encendió las alarmas entre sus familiares y su equipo de defensa, quienes denuncian un deterioro progresivo de su salud y la falta de atención médica adecuada dentro del penal.

Según fuentes cercanas a Báez, el agravamiento de su estado llevó a que el juez Néstor Costabel, quien presidió el tribunal que lo condenó, lo visitara personalmente en la cárcel para interiorizarse sobre su situación. Es la primera vez en diez años de detención que el magistrado realiza una visita de este tipo. Durante el encuentro, Báez habría solicitado garantías para su atención médica y seguridad, llegando a manifestar que teme por su vida en prisión. El juez Costabel aseguró que tomará medidas al respecto.

El parte médico oficial emitido por el Hospital Penitenciario Central I describe a Báez como un paciente con múltiples patologías crónicas bajo tratamiento estable, incluyendo hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad y antecedentes de hemorragias digestivas. Si bien el informe indica que se encuentra lúcido y estable, la defensa sostiene que la situación es grave y reclama controles médicos más rigurosos, así como la provisión de insumos esenciales para el monitoreo de su diabetes.

En paralelo, la defensa de Báez reiteró ante la Cámara de Casación Federal el pedido de prisión domiciliaria, argumentando la imposibilidad de garantizar un seguimiento médico adecuado en el penal. La audiencia para tratar este pedido fue fijada para el 10 de junio. El Servicio Penitenciario Federal, por su parte, minimizó la gravedad del cuadro, señalando que se trata de una afección gripal y que Báez no se encuentra internado de manera permanente.

El caso de Báez, figura central en investigaciones de corrupción vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, vuelve a generar repercusión política y judicial. Su estado de salud y las condiciones de su detención han sido motivo de reclamos y controversias recurrentes, en un contexto donde la atención médica a detenidos de alto perfil sigue siendo objeto de debate.