El Poder Judicial de Río Negro enfrenta una grave crisis institucional tras la desaparición de más de cien armas de fuego que estaban bajo custodia en los depósitos judiciales de General Roca. El escándalo, que salió a la luz luego de que la policía encontrara una de las armas en un operativo reciente, ha puesto en jaque la cadena de custodia y la seguridad de los elementos secuestrados en causas penales.

Según confirmaron fuentes judiciales, la auditoría interna reveló que faltaban al menos 100 armas del depósito principal, cifra que luego se incrementó con la desaparición de otras cinco pistolas que estaban guardadas en la oficina de la Fiscalía N°3, en violación a una prohibición expresa dictada por el fiscal general de la provincia. Las armas sustraídas estaban en condiciones de uso, mientras que las defectuosas o réplicas fueron descartadas, lo que sugiere una selección deliberada por parte de los responsables.

La investigación penal y administrativa llevó al apartamiento de tres empleados judiciales, quienes tenían a su cargo el acceso y la preservación de los elementos secuestrados. Además, la responsabilidad de la custodia de las armas y el manejo de las llaves de los depósitos están bajo la lupa de la Auditoría General, que busca determinar si existieron copias no autorizadas que facilitaron el robo.

El caso tomó un giro institucional cuando se decidió trasladar la investigación a fiscales de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Cipolletti, para evitar posibles conflictos de interés y garantizar la transparencia del proceso. "Hubo un acto negligente", reconocieron fuentes cercanas a la investigación, que también apuntan a la falta de controles y a la desobediencia de las normativas internas.

Mientras tanto, la preocupación crece en el ámbito judicial y social por el destino de las armas desaparecidas y el impacto que este hecho puede tener en la seguridad pública. El caso reaviva el debate sobre la gestión y resguardo de pruebas en el sistema judicial argentino, y se espera que las investigaciones en curso permitan esclarecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes de esta magnitud.