Las ciudades de Alta Gracia, Catamarca, Villa María y Bariloche han avanzado en la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, generando un intenso debate entre conductores, taxistas y autoridades municipales. En Alta Gracia, tras la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las apps, un grupo de choferes se reunió con el viceintendente Jorge De Nápoli para plantear sus reclamos. Los conductores expresaron su preocupación por la exclusión de trabajadores de localidades vecinas y por las diferencias en las exigencias de antigüedad de vehículos entre taxis, remises y apps. De Nápoli aclaró que la normativa busca proteger el trabajo local y que cualquier modificación debe ser tratada por el Concejo Deliberante.

En Catamarca, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece requisitos estrictos para los vehículos y conductores de plataformas digitales, incluyendo límites de antigüedad, seguro obligatorio, capacitación y un máximo de horas de conducción diaria. Además, se crea un registro municipal para controlar la actividad y se establecen multas para quienes incumplan las condiciones.

En Villa María, los choferes de Uber se movilizan al Concejo Deliberante para exigir igualdad de condiciones y critican la competencia desigual con taxis que también utilizan aplicaciones. El concejal Manuel Sosa confirmó que recibirá a los conductores para dialogar sobre la normativa, mientras que desde el bloque oficialista se niega haber recibido pedidos formales de reunión.

Bariloche, por su parte, debate la tributación de las aplicaciones y rechaza la imposición de cupos para vehículos, argumentando que la competencia mejora la calidad del servicio y que la demanda regula la cantidad de autos en circulación.

El auge de las aplicaciones de transporte ha generado tensiones con el sector tradicional de taxis y remises, obligando a los municipios a buscar un equilibrio entre la competencia, la seguridad y la formalización de la actividad. Las regulaciones aprobadas buscan garantizar condiciones equitativas y seguridad para usuarios y conductores, aunque persisten los reclamos y el debate sobre la inclusión y las exigencias para los trabajadores de apps. El diálogo entre las partes continúa abierto, y se prevén posibles ajustes en las normativas en función de la evolución del sector y las demandas de los actores involucrados.