La fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en la ciudad santafesina de Firmat, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. El viernes 29 de agosto, la senadora provincial y abogada de la empresa, Florencia Arietto, fue expulsada por los trabajadores tras intentar mediar en el conflicto que mantiene paralizada la producción desde junio. La empresa adeuda salarios, aguinaldo y aumentos paritarios a cerca de 280 empleados, quienes reclaman el pago de lo adeudado y la normalización de los aportes previsionales.

La presencia de Arietto en la planta fue precedida por mensajes en redes sociales, donde anunció su intención de "defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM". Al llegar, fue recibida con cánticos de rechazo y gritos de "que se vaya", lo que la obligó a retirarse. La abogada argumentó que la producción está paralizada por un "bloqueo sindical" y confirmó la presentación de una denuncia penal contra los dirigentes gremiales. Sin embargo, los trabajadores rechazaron esa versión y aclararon que su reclamo responde exclusivamente a la falta de ingresos y cobertura médica. "No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo", señalaron.

La situación financiera de Vassalli es crítica. La empresa acumula cheques rechazados por más de $12 millones y deudas previsionales, mientras la deuda promedio por trabajador ronda entre $1,5 y $3 millones. El sindicato denuncia que los sueldos se pagan en cuotas y con atrasos desde 2024, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los empleados. La protesta incluye huelga, quema de cubiertas y asambleas diarias en el acceso a la planta.

Fundada en 1949, Vassalli fue un emblema de la industria nacional, llegando a producir más de mil cosechadoras anuales. Sin embargo, en la última década, la empresa ha sufrido cierres, reaperturas y cambios de dueños. En enero de 2024, el empresario Eduardo Marsó adquirió la firma y prometió inversiones que no se concretaron. El mercado de maquinaria agrícola nacional enfrenta una fuerte competencia de equipos importados y multinacionales, lo que agrava la situación de empresas como Vassalli.

El conflicto expone dos narrativas opuestas: mientras la empresa responsabiliza al gremio por la paralización, los trabajadores insisten en que el problema radica en el incumplimiento de las obligaciones salariales. La comunidad local teme el cierre definitivo de la planta y la pérdida de empleos, en una localidad que depende directamente del ingreso de la fábrica para sostener su economía. El sindicato UOM mantiene el reclamo y advierte que la protesta se intensificará si no se encuentra una solución urgente.