El oficial de la Policía bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, durante un operativo policial en la ciudad de Miramar en diciembre de 2021. La sentencia, dictada por el juez Facundo Gómez Urso, se produjo tras un veredicto unánime de un jurado popular en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, que halló a González culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y abuso de funciones como agente policial.

El hecho ocurrió la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar. Tras una denuncia por ruidos molestos, un patrullero acudió al lugar y, minutos después, el adolescente se retiró en su moto. Según la reconstrucción judicial, fue perseguido por la policía y, al ser interceptado, González descendió del móvil y efectuó un disparo que impactó en el pecho del joven, causándole la muerte. La autopsia confirmó que la bala provocó lesiones letales en múltiples órganos.

Durante el juicio, la fiscalía y la representación legal de la familia, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, argumentaron que el uso de la fuerza fue injustificado y constituyó un caso de violencia institucional. La defensa de González sostuvo que el disparo fue accidental, pero esa versión fue desestimada por el tribunal, apoyado en pericias balísticas y testimonios. "La Justicia habló. Fueron rechazados uno por uno todos los planteos de la defensa del asesino", expresó Dalbón tras conocerse la condena.

El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y a nivel nacional, reavivando el debate sobre el accionar policial y el fenómeno del "gatillo fácil" en Argentina. Familiares, amigos y organizaciones sociales realizaron manifestaciones exigiendo justicia y reformas en las fuerzas de seguridad. Además de la condena a González, otros cuatro policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y serán juzgados en procesos separados.

La sentencia es considerada un hito en el abordaje judicial de la violencia institucional en el país y refuerza el rol del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. La familia Olivera y la sociedad civil esperan que el resto de los responsables también sean juzgados y que el caso marque un precedente para futuras investigaciones de abusos policiales.