El suicidio de Juan Martín Rebollo, ex policía de Entre Ríos, generó conmoción en la ciudad de Concordia. Rebollo, de 52 años, se encontraba detenido en la Alcaidía local tras haber sido declarado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, cometido contra una menor de edad en 2006. La condena definitiva iba a ser anunciada en los próximos días, con un pedido fiscal de 16 años de prisión efectiva.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el lunes por la noche Rebollo solicitó ir al baño. En un descuido del personal, ingresó a una oficina y sustrajo el arma reglamentaria de un oficial. Luego regresó a su celda, donde grabó un video de poco más de un minuto en el que insistió en su inocencia, deslindó de responsabilidad al agente al que le quitó el arma y expresó: “No tengo salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una denuncia”.

El personal policial intentó persuadirlo para que desistiera, pero minutos después se escuchó la detonación fatal. El hecho ocurrió en un sector especial para integrantes de fuerzas de seguridad, donde Rebollo estaba alojado desde el 29 de mayo, tras el veredicto de culpabilidad.

La jueza técnica Clara Mondragón Pafundi había dispuesto la prisión preventiva del ex policía, mientras que el fiscal Martín Núñez solicitó la pena máxima prevista. La defensa, por su parte, había pedido la nulidad del proceso y la libertad del acusado, o en su defecto, una pena mínima.

Tras el suicidio, se abrieron dos investigaciones: una judicial, para determinar la causa de muerte y las circunstancias del hecho, y otra administrativa, a cargo de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos, para establecer posibles responsabilidades internas por la custodia y el acceso a armas dentro de la dependencia.

El caso reavivó el debate sobre los controles de seguridad en dependencias policiales y la salud mental de los detenidos, especialmente en casos de alto perfil. El video de despedida de Rebollo, viralizado en redes sociales, sumó un elemento de controversia y generó diversas reacciones en la opinión pública y entre los actores judiciales.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, mientras la comunidad de Concordia sigue impactada por el desenlace de un caso que ya había generado fuerte repercusión por la gravedad de los delitos juzgados.