Sospechan que se creó un mecanismo para subvaluar los activos del Estado que Javier Milei busca privatizar
• Denuncian irregularidades en la tasación de empresas estatales que el gobierno de Milei busca privatizar. • Se apartó al Tribunal de Tasaciones y se creó una unidad ad hoc en el BICE. • La justicia investiga posibles subvaluaciones y falta de transparencia.

El proceso de privatización de empresas estatales llevado adelante por el gobierno de Javier Milei ha quedado bajo la lupa judicial tras denuncias de irregularidades en la valuación de los activos. Según fuentes de Ámbito, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fue apartado del procedimiento y reemplazado por una unidad valuadora creada de urgencia en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del ministro de Economía, Luis Caputo. Esta decisión generó una serie de renuncias y nombramientos en el BICE, que ahora lidera Maximiliano Voss.
La justicia federal solicitó informes al Ministerio de Economía y al BICE luego de que sindicatos y fundaciones presentaran denuncias por supuesta subvaluación y falta de transparencia en la tasación de empresas como Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas de Comahue. En el caso de Intercargo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y requirió información oficial sobre el proceso, señalando irregularidades como la subestimación de proyecciones financieras y la opacidad en la metodología utilizada.
El presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, justificó su decisión de no intervenir en las valuaciones, aunque la ley establece que el Tribunal debe participar y garantizar la transparencia. Por su parte, el gobierno sostiene que la confidencialidad financiera es necesaria, mientras que los denunciantes advierten que la falta de acceso a los contratos y la ausencia de peritos especializados podrían derivar en ventas por debajo del valor real de los activos estatales.
Las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas y Transener ya se concretaron, mientras que el proceso de Intercargo fue judicializado. Las denuncias podrían tener consecuencias legales que se extiendan más allá del actual mandato presidencial, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo, los organismos de control y los actores sindicales y sociales.
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