La reforma previsional impulsada por el gobierno de Entre Ríos ha generado un intenso debate en la provincia, involucrando a legisladores, gremios, jubilados y profesionales. El proyecto, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, propone modificar la edad jubilatoria, el cálculo de haberes y los mecanismos de movilidad, con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Durante las últimas jornadas, el Senado provincial ha convocado a representantes de la Asociación de la Magistratura, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sindicatos municipales y estatales, y organizaciones de jubilados para analizar el proyecto. Los expositores coincidieron en señalar la gravedad del déficit, pero manifestaron profundas diferencias respecto a las soluciones propuestas.

Desde la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa advirtió sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos, especialmente aquellos que limitan la posibilidad de recurrir a la Justicia y delegan facultades legislativas al Ejecutivo. También expresó preocupación por la fórmula de cálculo de haberes y la reducción de escalafones, que podría afectar la proporcionalidad entre activos y pasivos.

Por su parte, los gremios estatales y municipales, como UPCN y APS, rechazaron el aumento de los años de aportes y la extensión de la edad jubilatoria, especialmente para las mujeres, señalando que no se reconocen las tareas de cuidado. Además, alertaron sobre el impacto de la reforma en los sectores de mayor riesgo y la posible pérdida de derechos adquiridos.

El gobierno provincial, representado por el senador Rafael Cavagna, defendió la iniciativa como una respuesta necesaria ante el desequilibrio estructural del sistema. Cavagna aseguró que el proyecto permanece abierto a modificaciones y que se busca una norma que proteja la sustentabilidad financiera sin afectar derechos fundamentales.

El debate se desarrolla en un contexto de demandas judiciales a la Nación por fondos previsionales y con antecedentes de reformas conflictivas en otras provincias. Mientras el oficialismo insiste en la urgencia fiscal, los sectores sindicales y de jubilados reclaman alternativas que no impliquen un retroceso en derechos ni una sobrecarga para los trabajadores. El tratamiento legislativo continuará en las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar consensos que permitan una reforma sostenible y socialmente justa.