El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 condenó a prisión perpetua a Cristian Gabriel García, de 29 años, por el femicidio de su pareja, Mariel Jiménez, ocurrido en mayo de 2024 en el barrio porteño de Villa Lugano. La sentencia, dictada por los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, consideró a García responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género.

Según la investigación, el 24 de mayo de 2024, García ató de manos y pies a Jiménez en su domicilio de la calle Nicolás Dezcalzi al 5500 y la asfixió, provocando su muerte. Tras el crimen, el condenado llamó a sus hermanos y les confesó que "se había mandado una macana". Posteriormente, junto a familiares, trasladó el cuerpo envuelto en una frazada hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3, donde lo abandonaron. Toda la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.

El tribunal también condenó a García por desobediencia a funcionario público, ya que tenía vigente una orden de restricción de acercamiento hacia la víctima. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de abuso sexual y amenazas coactivas por falta de pruebas suficientes.

La fiscalía, a cargo de María Luisa Piqué, destacó que el caso reflejó el carácter cíclico y reiterado de la violencia de género, subrayando que Mariel Jiménez había denunciado a García en 2022. Como consecuencia, se le había asignado un botón antipánico y custodia policial, pero días antes del femicidio la comisaría decidió levantar la consigna, dejando a la víctima sin protección.

El tribunal dispuso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tramite la reparación económica prevista en la Ley Brisa para la hija de la víctima. Testigos en el juicio describieron a García como posesivo y a Mariel como una persona que "vivía con miedo". El fallo fue unánime y en línea con el pedido de la fiscalía, reflejando consenso judicial sobre la responsabilidad del acusado. El caso vuelve a poner en debate la efectividad de las medidas de protección para víctimas de violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos estatales de resguardo.