El juicio por la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados en junio de 1956 durante la dictadura de la Revolución Libertadora, comenzó este miércoles en San Martín, Buenos Aires. El proceso, impulsado por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, busca una reparación histórica y el reconocimiento de los crímenes como de lesa humanidad, setenta años después de los hechos.

Durante la primera audiencia, la jueza Alicia Vence destacó la trascendencia institucional del juicio, subrayando que la memoria colectiva mantiene vigente la significación de estos acontecimientos. El tribunal escuchó el testimonio de Juan Carlos Livraga, único sobreviviente de los fusilamientos, quien relató desde Estados Unidos los detalles de aquella noche en la que fue dado por muerto y logró escapar, testimonio que fue fundamental para la investigación de Rodolfo Walsh en su libro "Operación Masacre".

Los hechos juzgados ocurrieron tras el fallido levantamiento del general Juan José Valle contra el régimen de Pedro Eugenio Aramburu. La policía detuvo a doce personas en una casa de Florida, Buenos Aires, y cinco de ellas fueron ejecutadas en un descampado de José León Suárez. Los responsables directos, entre ellos el jefe de la policía bonaerense Desiderio Fernández Suárez, nunca fueron juzgados penalmente y ya han fallecido, por lo que el proceso actual no contempla condenas, sino la reconstrucción de los hechos y la reparación simbólica para las familias.

El juicio sigue el antecedente de la Masacre de Napalpí, reconocida como crimen de lesa humanidad en 2022, y busca sentar un precedente para futuras investigaciones sobre otros operativos represivos de la época. Familiares de las víctimas, como Berta Carranza y Delia Garibotti, expresaron la importancia de que la historia sea conocida y reconocida oficialmente, mientras que el abogado querellante Alberto Palacio remarcó que la lucha por la memoria y la justicia continúa vigente.

El proceso, que concluirá tras tres jornadas de audiencias, representa un paso fundamental en la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura, y refuerza el compromiso de la sociedad argentina con la memoria histórica y los derechos humanos.