La situación judicial de Federico "Fred" Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, ha alcanzado un punto crítico. Detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por un pedido de extradición de Estados Unidos, Machado cumple prisión domiciliaria en una lujosa finca a las afueras de Viedma, Río Negro, bajo la custodia de su madre y hermana, sin presencia policial permanente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir si confirma la extradición de Machado, luego de que la justicia federal de Neuquén y el procurador general Eduardo Casal avalaran el pedido estadounidense. Las autoridades de Texas reiteraron recientemente la vigencia de las acusaciones, centradas en delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y solicitaron formalmente la extradición.

El caso ha cobrado notoriedad por la transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado al diputado José Luis Espert, quien reconoció el ingreso y lo atribuyó a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca relacionada con Machado. Esta revelación ha generado controversia política, aunque el presidente Javier Milei mantuvo la candidatura de Espert.

La defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto, abogado personal de Milei, ha presentado diversos recursos para demorar el proceso, incluyendo la alegación de cambios en la situación procesal en Estados Unidos. Sin embargo, la justicia norteamericana confirmó la vigencia de las acusaciones y reiteró el pedido de extradición.

En Viedma, la presencia de Machado genera inquietud entre los vecinos, mientras figuras políticas y judiciales debaten sobre la influencia del empresario y sus conexiones. El desenlace del caso depende ahora de la decisión de la Corte Suprema y, en última instancia, del Poder Ejecutivo, que puede rechazar la extradición por razones de soberanía o interés nacional. El caso Machado pone en evidencia la compleja relación entre justicia, política y crimen organizado en la Argentina contemporánea.