La inversión educativa en Argentina ha experimentado una caída sostenida en la última década, afectando a 19 de las 24 provincias del país. Informes recientes de Argentinos por la Educación y análisis de especialistas revelan que, en 2024, la mayoría de los distritos destinaron menos recursos reales a educación que en 2014, lo que se tradujo en una pérdida de prioridad de este sector dentro del gasto público provincial.

El financiamiento educativo depende en gran medida de las provincias, que aportan el 75% del total, mientras que la Nación contribuye principalmente al sistema universitario. Sin embargo, la crisis económica, la alta inflación y la caída del PBI per cápita han limitado la capacidad de las provincias para sostener la inversión. En 2024, 21 provincias recortaron su presupuesto educativo respecto al año anterior, y solo Chaco, Neuquén y Santiago del Estero lograron aumentos reales en sus partidas, aunque incluso en estos casos los salarios docentes sufrieron caídas.

El principal componente del gasto educativo provincial es el salario docente, que representa cerca del 90% del presupuesto. En 21 provincias, los salarios de 2025 son más bajos que los de 2014, y el promedio nacional en 2024 fue el más bajo de los últimos 20 años. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno nacional agravó la situación, obligando a las provincias a compensar con recursos propios y, en muchos casos, a ajustar otros rubros como infraestructura y programas escolares.

La participación de la función "Educación y Cultura" dentro del gasto total cayó en 16 provincias entre 2014 y 2024, evidenciando una pérdida de prioridad relativa. En algunas jurisdicciones, el ajuste en educación fue mayor que el recorte general del gasto público, lo que profundizó las desigualdades territoriales. Especialistas como Osvaldo Giordano y Javier Curcio advierten que la falta de coordinación entre Nación y provincias y la ausencia de información pública transparente dificultan la planificación de estrategias de mediano y largo plazo.

De cara a los próximos años, el desafío será recomponer el poder adquisitivo docente y recuperar la capacidad de financiamiento sostenible, sin depender de transferencias extraordinarias. Los expertos coinciden en que preservar la inversión en educación y mejorar la gestión educativa son reformas estructurales urgentes para evitar una mayor degradación del sistema y el aumento de las brechas entre regiones.