El inicio de 2026 en Argentina está signado por una serie de aumentos en servicios esenciales, alquileres y transporte, que impactan de lleno en el bolsillo de los ciudadanos. Desde el 1 de enero, rigen nuevas tarifas en colectivos, trenes, subtes, luz, gas, agua, combustibles, alquileres, prepagas y telecomunicaciones, en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con ajustes sensibles en rubros clave.

En el caso del transporte público, el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires sube un 4,5%, llevando el mínimo con tarjeta SUBE registrada a $749,72, mientras que la tarifa social se ubica en $337,37. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) también experimenta un fuerte incremento del 21,8%, alcanzando los $97.057,65 en la provincia. En tanto, el precio de la nafta supera los $1.600 por litro en algunas estaciones de servicio, reflejando el impacto de los nuevos impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

Las tarifas de servicios públicos también registran subas. La electricidad y el gas aumentan en promedio un 2,5%, con la particularidad de que a partir de este año se modifica el esquema de subsidios, que ahora distingue solo entre usuarios con y sin subsidio. El agua, por su parte, tendrá incrementos mensuales del 4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acumulando un 17% en los próximos cuatro meses.

Los alquileres se actualizan según el índice pactado en cada contrato, con subas que van del 5,84% al 36,35% dependiendo de la periodicidad. Las prepagas y las empresas de telecomunicaciones también aplican aumentos de entre 2,2% y 4,5%.

Este enero marca además el inicio de una nueva metodología para medir la inflación, implementada por el INDEC en cumplimiento de compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Analistas y consultoras privadas proyectan que la inflación de enero se ubicará entre el 1,9% y el 2,2%, aunque advierten que los aumentos en servicios regulados podrían presionar al alza el índice de precios.

El Gobierno defiende los ajustes como parte de una estrategia para reducir subsidios y ordenar las cuentas públicas, mientras que asociaciones de consumidores y usuarios expresan preocupación por el impacto en el poder adquisitivo. El resultado de estos incrementos y la nueva medición del IPC será clave para evaluar la evolución de la inflación y el costo de vida en los próximos meses.