El conflicto salarial entre la policía de Santa Cruz y el gobierno provincial alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana, con protestas, acampes y la intervención de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la provincia. El reclamo, encabezado por policías autoconvocados y personal del Servicio Penitenciario Provincial, exige mejoras salariales y la inclusión de sus representantes en la mesa de negociación paritaria.

A pesar de que el Consejo del Salario fue convocado oficialmente para el próximo 10 de junio, los sectores autoconvocados denuncian que no fueron incluidos en la instancia de diálogo, lo que motivó la profundización de las medidas de fuerza. "Entiendo el reclamo, entiendo que es justo", reconoció el gobernador Claudio Vidal en un mensaje difundido en redes sociales, aunque advirtió que la provincia no cuenta con los recursos necesarios para otorgar aumentos, responsabilizando a la oposición por impedir la toma de deuda internacional.

Las protestas incluyeron acampes frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos y manifestaciones en distintas localidades, con un alto nivel de adhesión según los voceros del sector. El "quite de colaboración" implementado implica que los efectivos solo cumplen funciones en casos de emergencia, lo que llevó al gobierno nacional a conformar un Comando Unificado y desplegar fuerzas federales para garantizar la seguridad ciudadana.

En paralelo, el gobierno provincial anunció la creación de nuevas fuentes de financiamiento para la policía, como la reasignación de fondos provenientes de multas de tránsito, que serán destinados a salarios y equipamiento. Sin embargo, la falta de consenso político en la Legislatura provincial dificulta la aprobación de un crédito internacional que permitiría liberar partidas presupuestarias para atender el reclamo salarial.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica tanto a nivel provincial como nacional, y revive tensiones históricas en la relación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, los autoconvocados mantienen su exigencia de ser incluidos en la mesa de negociación y advierten que las protestas podrían intensificarse si no se alcanza una solución en los próximos días.