La reducción de frecuencias en los servicios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata ha generado una fuerte preocupación entre usuarios, trabajadores y autoridades. El conflicto, que se intensificó en abril, tiene como eje central el aumento del precio del gasoil y los atrasos en el pago de subsidios a las empresas de transporte, lo que llevó a las cámaras empresariales a declarar el "estado de emergencia" y advertir sobre posibles recortes adicionales en el servicio.

Durante la jornada del 30 de abril, la Secretaría de Transporte de la Nación mantuvo una reunión clave con representantes de las cinco cámaras empresariales del sector. El objetivo fue buscar soluciones a los reclamos por la deuda de $128.000 millones en subsidios y la necesidad de actualizar las tarifas ante el incremento de los costos operativos. "La frecuencia de colectivos va a ir mejorando, pero para normalizar esta situación estamos lejos", reconoció Luciano Fusaro, titular de AAETA, tras el encuentro. El Gobierno, por su parte, anunció la implementación de herramientas para optimizar el servicio y la revisión del cuadro tarifario, aunque aún no se han oficializado nuevas medidas.

En La Plata, la reducción de frecuencias afecta diariamente a los pasajeros, con recortes que rondan entre el 10% y el 15%. El boleto podría aumentar hasta un 11% a partir de la próxima semana, en un contexto donde el sistema ya perdió 2.500 unidades en seis años y el pasaje subió un 1.200%. Desde el Ministerio de Transporte provincial se sostiene que la actualización tarifaria es "responsable" y que los subsidios están al día, aunque reconocen la presión que genera el aumento del gasoil.

El deterioro del sistema de colectivos no es nuevo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA señala que la crisis comenzó en 2019 y se agravó por la superposición de responsabilidades entre Nación, Provincia y Ciudad, lo que dificulta la administración eficiente de los subsidios. Las empresas, por su parte, insisten en la urgencia de respuestas "concretas, inmediatas y verificables" para evitar un colapso del sistema.

Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando largas esperas, unidades colmadas y la incertidumbre sobre el futuro del servicio. El Gobierno promete continuar el diálogo y avanzar en mesas técnicas para buscar una solución de fondo, aunque el conflicto sigue abierto y la tensión persiste en el sector.