El debate por la reforma de la Ley de Zonas Frías avanza en el Congreso argentino y genera preocupación en millones de hogares ante la inminente suba de tarifas de gas. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, propone modificar el régimen de subsidios al gas natural, focalizando los beneficios en regiones históricamente frías y en hogares vulnerables, y excluyendo a las zonas incorporadas en 2021.

La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado. De aprobarse, los aumentos en las facturas de gas podrían alcanzar hasta el 100% en algunas regiones, especialmente en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Según estimaciones, más de dos millones de hogares perderían el beneficio actual, lo que representa un fuerte impacto en el poder adquisitivo de las familias, especialmente en plena temporada invernal.

En Rosario, los concejales del bloque Unidos realizaron una conferencia de prensa para exigir a los senadores nacionales por Santa Fe que voten en contra de la reforma. "No es un privilegio calentar una casa", afirmó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, al advertir sobre el golpe al bolsillo de 388.919 hogares rosarinos. En Mendoza, el intendente Ulpiano Suárez también manifestó su rechazo y pidió mantener los beneficios para la provincia, argumentando que "la ley de Zona Fría era la herramienta necesaria para corregir una injusticia tarifaria".

El régimen vigente otorga descuentos del 30% al 50% en la tarifa de gas para usuarios residenciales de zonas frías. La reforma propone reemplazar el beneficio territorial por un sistema de subsidios focalizados, atado al nivel de ingresos de los hogares. El gobierno nacional sostiene que el esquema actual subsidia zonas sin condiciones climáticas extremas y que la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos.

Organizaciones sociales, entidades de consumidores y multisectoriales han iniciado campañas de recolección de firmas y presión política para frenar la reforma en el Senado. Desde el oficialismo nacional, se defiende la medida como un paso necesario para equilibrar las cuentas públicas y garantizar la equidad en la distribución de subsidios.

El debate se da en un contexto de tensión política y social, con la llegada del invierno y el temor a un fuerte impacto en la economía de las familias. De aprobarse la reforma, no se descarta que la judicialización sea el próximo capítulo en la disputa por las tarifas de gas en Argentina.