El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón resolvió sobreseer a la titular del Registro del Automotor de Ituzaingó, quien había sido denunciada por el Ministerio de Justicia de la Nación por no girar fondos estatales durante varios meses. La investigación judicial, iniciada en febrero de 2025 tras detectar irregularidades en las rendiciones de cuentas, concluyó que la falta de pago no constituyó un delito de apropiación indebida, sino que fue consecuencia de una severa crisis financiera que afectó a la dependencia.

Según la normativa vigente, los encargados de los registros deben descontar honorarios y gastos operativos antes de transferir el excedente al Estado. En este caso, la suma reclamada superaba los siete millones de pesos, correspondientes a los períodos de agosto y diciembre de 2024 y enero de 2025. La defensa de la funcionaria argumentó que los fondos se destinaron a cubrir salarios y gastos básicos, en un contexto de inflación acumulada del 118% durante 2024, que desfinanció la gestión y puso en riesgo la continuidad del servicio público.

El juez Martín Alejandro Ramos valoró los testimonios de los empleados, quienes confirmaron que la titular priorizó el pago de sueldos y el funcionamiento de la oficina, llegando incluso a aportar dinero propio para cancelar deudas. "No observamos gastos personales ni enriquecimiento ilícito", declararon los trabajadores bajo juramento. Además, se constató que la deuda de agosto fue parcialmente regularizada antes de la denuncia, lo que reforzó la hipótesis de imposibilidad material y no de maniobra dolosa.

El fallo destacó el contexto macroeconómico adverso y la conducta previa de la funcionaria, quien llevaba más de dos décadas en el sistema registral sin antecedentes negativos. El tribunal concluyó que persistían dudas insalvables sobre la posibilidad de exigirle una conducta distinta, dadas las circunstancias de ahogo financiero y los cambios regulatorios que afectaron la recaudación. La resolución subrayó que la acusada actuó bajo un estado de necesidad, priorizando la continuidad del servicio y el sustento de su personal.

Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las oficinas descentralizadas en el actual contexto económico argentino, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los servicios públicos bajo presión inflacionaria y regulatoria.