Una investigación federal puso al descubierto una presunta estafa millonaria al PAMI, la obra social de los jubilados, que involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal. Según fuentes judiciales y del propio organismo, el profesional habría facturado más de 50.000 prácticas médicas y consultas a más de 5.000 afiliados entre 2023 y 2025, por un monto que ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones ya habrían sido abonados.

La maniobra fue detectada a partir de auditorías internas y denuncias de afiliados que negaron haber recibido las atenciones médicas registradas a su nombre. El patrón de fraude incluye la facturación de prestaciones imposibles de realizar en el tiempo declarado, así como la emisión de órdenes médicas a nombre de personas fallecidas. Las autoridades judiciales y del PAMI consideran que el caso es uno de los más graves detectados en los últimos años.

El jueves, la Policía Federal realizó cinco allanamientos en consultorios y domicilios vinculados al cardiólogo en Acebal y Wheelwright, bajo la orden del juez de garantías Carlos Vera Barros y a pedido de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. El profesional investigado, Martín Gabriel A., fue dado de baja como prestador en julio de 2025 y se dispusieron débitos y retenciones preventivas de pagos mientras avanza la causa.

El caso se inscribe en un contexto de controles más estrictos implementados por el PAMI desde 2025, que ya derivaron en la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por irregularidades similares. El organismo aseguró que estas medidas no interrumpen los tratamientos de los afiliados, ya que se garantiza la continuidad de la atención a través de la red de prestadores.

Desde el PAMI subrayan que "auditar no significa perseguir" y que el objetivo es proteger los recursos del sistema y la atención de los jubilados. La investigación continúa y los resultados de los allanamientos serán clave para determinar el alcance de la maniobra y las eventuales responsabilidades penales.