El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de creciente malestar social y tensiones políticas, en medio de la aplicación de un severo ajuste fiscal. En las últimas semanas, la inflación volvió a ubicarse en el centro de la agenda, con un índice del 3,4% en marzo que llevó el acumulado del primer trimestre a niveles cercanos a la meta anual prevista por el propio Ejecutivo. Esta situación, sumada a la caída de la actividad industrial y el cierre de numerosas pymes, ha generado preocupación en amplios sectores de la sociedad.

Pese a las críticas y reclamos, el presidente Milei ha reiterado su decisión de no modificar el rumbo económico. "No vamos a movernos ni un milímetro de nuestro programa", afirmó en la cumbre de AmCham, subrayando que la disciplina fiscal es la única vía para reducir la inflación. El mandatario también reconoció el impacto negativo de la coyuntura, pero atribuyó parte de las dificultades a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y a la herencia de gestiones anteriores.

El malestar social se refleja en encuestas que muestran una caída en la imagen del gobierno y en la proliferación de protestas y reclamos de distintos sectores. Gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales exigen mayores fondos y asistencia, mientras que la interna oficialista suma tensiones, como lo evidencia el caso Adorni y las disputas por el control de la Justicia.

En este contexto, la promesa de un "ajuste a la casta" no se percibe cumplida, y la presión sobre los sectores más vulnerables aumenta. El Fondo Monetario Internacional mantiene su exigencia de reducción del gasto y acumulación de reservas, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo.

Analistas advierten que, si no se logran resultados económicos tangibles en los próximos meses, la conflictividad social podría intensificarse. El gobierno apuesta a un repunte tras el Mundial, pero la incertidumbre sobre el futuro persiste, en un país marcado por una larga historia de crisis y ajustes.