La Justicia argentina avanza en una investigación de alto perfil que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y desvío de fondos. El caso cobró notoriedad tras el allanamiento de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino, donde se secuestraron 54 autos de alta gama, motocicletas y objetos personales que lo vinculan directamente con la propiedad, aunque figura a nombre de la empresa Real Central SRL.

La investigación, impulsada por la Coalición Cívica y motivada inicialmente por un tuit del exfutbolista Carlos Tévez, apunta a una presunta red de testaferros y sociedades fantasma utilizadas para ocultar bienes y fondos provenientes de actividades irregulares en el fútbol. Entre los investigados figuran también Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, empresa que ha sido sponsor de numerosos clubes y que enfrenta causas por lavado y evasión fiscal, y otros presuntos prestanombres vinculados a la AFA.

Durante los procedimientos judiciales, ordenados por el juez Daniel Rafecas, se incautaron vehículos de lujo y documentación relevante. Sin embargo, la causa sufrió un giro cuando Rafecas fue apartado, decisión que fue duramente cuestionada por los denunciantes, quienes consideran que el magistrado estaba cerca de esclarecer los hechos. El Gobierno nacional, por su parte, denunció evasión de aportes previsionales por más de 7.000 millones de pesos y operaciones sospechosas por otros 6.000 millones.

El modelo de gestión de la AFA ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia, concentración de poder y la existencia de contratos poco claros con empresas intermediarias. Analistas y medios señalan que este escándalo refleja problemas estructurales en el fútbol argentino, donde la opacidad y el personalismo han permitido la acumulación de poder y recursos en manos de unos pocos dirigentes.

Mientras la causa sigue su curso, los denunciantes insisten en que la investigación debe continuar bajo la órbita federal y con la conducción de Rafecas. La AFA, hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras crece la expectativa por el desenlace judicial y las posibles repercusiones institucionales.