El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, inicia el año 2026 enfrentando una compleja agenda económica marcada por la implementación de un nuevo esquema de bandas cambiarias, la reducción de subsidios energéticos y la necesidad de cumplir con abultados pagos de deuda. Desde el 1° de enero, el Banco Central ajusta las bandas cambiarias mensualmente en función de la inflación oficial, con el dólar mayorista operando cerca del límite superior y la posibilidad de intervención si se supera el techo establecido.

En paralelo, el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo trabaja para reunir los fondos necesarios para afrontar el primer gran vencimiento de deuda del año, por más de USD 4.200 millones, previsto para el 9 de enero. Las alternativas de financiamiento incluyen la búsqueda de repos con bancos privados y la emisión de bonos bajo legislación local, evitando por el momento el regreso a los mercados internacionales, cerrados desde 2018.

El inicio de 2026 también trae consigo un nuevo esquema de subsidios energéticos, que reemplaza la segmentación previa por niveles y focaliza la ayuda estatal en función de los ingresos familiares. Se estima que unos 7 millones de hogares verán cambios sustanciales en sus tarifas de luz y gas, con bonificaciones extraordinarias que se irán reduciendo gradualmente a lo largo del año.

La inflación mensual se mantiene en torno al 2,5%, aunque el gobierno proyecta una baja significativa hacia la mitad del año, con la meta de converger a un IPC cercano a cero por ciento. El riesgo país, que descendió notablemente tras las elecciones legislativas, continúa siendo elevado en comparación con otros países de la región, lo que dificulta el acceso a financiamiento externo.

El consumo interno sigue resentido, con caídas interanuales y disparidad entre sectores, mientras la actividad económica muestra signos de crecimiento desigual. Analistas y empresarios coinciden en que el principal desafío del gobierno será lograr que la estabilización macroeconómica se traduzca en crecimiento y empleo de calidad, en un contexto de persistente incertidumbre y necesidad de reformas estructurales.

El gobierno apuesta a la remonetización de la economía y al desarrollo de un mercado de capitales local más robusto, con el objetivo de reducir la dependencia de financiamiento externo y sentar las bases para un crecimiento sostenido. Sin embargo, consultoras advierten que la inercia inflacionaria podría persistir y que la gobernabilidad será clave para consolidar los avances alcanzados.