La Justicia federal profundiza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, tras la adquisición de dos propiedades en 2025: un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El fiscal Gerardo Pollicita lidera la causa, que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en ambas operaciones y determinar si existe un incremento patrimonial no justificado.

Según documentos oficiales, el departamento de Caballito, de 199 metros cuadrados y valuado en 230.000 dólares, fue adquirido mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas figuran como vendedoras y acreedoras, aunque niegan públicamente conocer a Adorni o haberle prestado dinero. Sbabo, además, es beneficiaria de un subsidio porteño para adultos mayores con ingresos inferiores a 600.000 pesos, lo que ha generado dudas sobre su capacidad financiera para otorgar el préstamo.

La casa en Indio Cuá, por su parte, figura a nombre de un operador bursátil, aunque las expensas están a nombre de la esposa de Adorni. La diputada nacional Marcela Pagano denunció un “desproporcional incremento patrimonial” y la omisión de activos en las declaraciones juradas del funcionario. La Justicia ha solicitado la tasación de las propiedades, informes de automotores y la revisión de las declaraciones juradas de Adorni de los últimos años.

El miércoles próximo, la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó la compra del departamento, deberá declarar como testigo. Nechevenko ya había intervenido en causas judiciales previas, incluyendo un juicio por narcotráfico, aunque su rol se limitó a la certificación de firmas.

El caso ha generado un intenso debate político y mediático. Legisladores como Graciela Ocaña y Esteban Paulón han exigido transparencia y aclaraciones sobre la evolución patrimonial de Adorni. El funcionario, por su parte, sostiene que la operación será declarada en tiempo y forma y que no existen irregularidades.

La investigación continúa y se espera que las próximas medidas judiciales arrojen mayor claridad sobre el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones. El caso pone en el centro del debate la ética y el control patrimonial de los funcionarios públicos en Argentina.