El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior Diego Santilli, ha iniciado una serie de reuniones con gobernadores para destrabar la negociación por las cajas jubilatorias provinciales y avanzar en la reforma política. La estrategia oficial apunta a ordenar la relación con las provincias antes de la próxima etapa de debates legislativos, en un contexto marcado por la suspensión de los anticipos automáticos a 13 jurisdicciones que mantienen sistemas previsionales propios.

En este marco, seis provincias ya han alcanzado acuerdos parciales o anticipos de financiamiento con la Nación. Córdoba, por ejemplo, firmó en mayo de 2025 un convenio que establece un flujo mensual de $5.000 millones, cifra que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se duplicará a $10.000 millones a partir de mayo de 2026. Entre Ríos y Chaco suscribieron convenios por $48.000 y $40.000 millones respectivamente, mientras que La Pampa cerró un acuerdo por $62.500 millones en diciembre de 2025. Neuquén y Misiones también avanzaron en esquemas de financiamiento similares.

Sin embargo, la situación de Santa Fe se presenta como uno de los principales focos de conflicto. La provincia rechazó la oferta nacional por considerarla insuficiente y mantiene un reclamo judicial ante la Corte Suprema, argumentando que no aceptará resignar fondos ni convalidar un corte en el flujo mensual de recursos. El gobernador Maximiliano Pullaro ha señalado que la resolución de la deuda previsional es condición indispensable para retomar un diálogo político fluido con la Casa Rosada.

En paralelo, la agenda de negociación incluye otros temas sensibles para las provincias. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, solicitó asistencia nacional para afrontar los daños causados por un reciente temporal en Santa Rosa y Toay, haciendo especial hincapié en la reparación de establecimientos educativos y la infraestructura vial. Además, Ziliotto reiteró la necesidad de reparar el radar meteorológico del INTA Anguil y propuso que los recursos adeudados por Nación en concepto de obra pública sean compensados mediante la cesión de corredores viales a la provincia.

El Gobierno nacional sostiene que el resultado de las auditorías técnicas en las cajas previsionales será determinante para definir el ritmo de los próximos convenios y la posibilidad de ampliar los anticipos. Mientras tanto, la reforma política sigue en proceso de elaboración y se espera que el documento final sea presentado en la mesa política en los próximos días. El desenlace de estas negociaciones será clave para el futuro de la relación entre Nación y provincias, así como para la estabilidad financiera de los sistemas previsionales locales.