Una vecina de La Plata fue víctima de una estafa digital tras intentar vender un mueble por internet, perdiendo más de $300.000. El hecho ocurrió cuando la mujer, tras ser contactada por un supuesto comprador, recibió un comprobante de transferencia por un monto mayor al acordado. El falso comprador la persuadió para que devolviera el dinero y, en ese contexto, un interlocutor que se hizo pasar por empleado bancario le solicitó sus credenciales de homebanking y el token de seguridad. Poco después, se realizaron dos transferencias desde su cuenta por $60.000 y $244.000.

La víctima denunció penalmente la estafa y demandó al banco, reclamando una indemnización superior a $1,8 millones por daños materiales, morales y punitivos, bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, la Justicia bonaerense rechazó la demanda, considerando que la entrega voluntaria de datos confidenciales por parte de la usuaria rompió el vínculo causal necesario para responsabilizar a la entidad financiera.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de La Plata, se apoyó en una pericia informática que confirmó que las operaciones se realizaron con las claves correctas y que los sistemas del banco cumplían con las exigencias de seguridad del Banco Central. El juez subrayó que la modalidad de estafa sufrida corresponde al "phishing", una técnica que explota la vulnerabilidad humana más que fallas técnicas en los sistemas bancarios.

La sentencia también destacó que la protección al consumidor no exime a los usuarios de acreditar el daño y su relación directa con la conducta del banco. En este caso, se concluyó que no existía nexo causal entre la actuación de la entidad y el perjuicio económico sufrido. Como consecuencia, la Justicia absolvió al banco y ordenó que la reclamante afronte las costas del proceso.

El caso se da en un contexto de aumento de estafas digitales y reabre el debate sobre la responsabilidad de los bancos frente a fraudes electrónicos. Mientras algunos fallos recientes han condenado a entidades por no activar alertas ante operaciones inusuales, la jurisprudencia varía según si hubo negligencia bancaria o entrega voluntaria de datos por parte del usuario. El fallo enfatiza la importancia de la educación digital y la precaución en el manejo de credenciales bancarias, mientras organizaciones de consumidores reclaman mayores controles y campañas de prevención.