La Justicia federal investiga una compleja trama de presunto lavado de dinero y asociación ilícita que involucra a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionarios del gobierno de Santiago del Estero. Según la investigación, el gobierno provincial transfirió más de $1.200 millones en dos años a la empresa SEGON SRL, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Estas transferencias, que superaron ampliamente los montos adjudicados en licitaciones para servicios de seguridad en hospitales, comenzaron incluso antes de la firma de los contratos oficiales.

El fiscal federal Pedro Simón, a cargo de la investigación, solicitó la detención de Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. El requerimiento se basa en movimientos bancarios sospechosos: el 95% de los fondos transferidos a SEGON se derivaban rápidamente a otras cuentas, dificultando la trazabilidad y el control del destino final del dinero. Además, la AFA transfirió más de $4.900 millones a empresas investigadas entre 2022 y 2025, muchas de ellas con vínculos directos o indirectos con Toviggino.

La causa tomó un giro relevante cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al juez Sebastián Argibay, quien debía resolver sobre la detención de los acusados, debido a vínculos familiares con los investigados. La decisión fue tomada tras una recusación presentada por el fiscal Simón, quien argumentó que la hija del juez había realizado operaciones inmobiliarias con la familia Toviggino, incluidas en el expediente.

El crecimiento exponencial de SEGON y otras empresas del entramado, así como la rotación de socios y la utilización de personas como "tenedores temporales" de acciones, son considerados por la fiscalía como indicios de maniobras para ocultar el origen de los fondos y simular operaciones comerciales. El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Santiago del Estero y la transparencia en el manejo de fondos públicos y privados en el fútbol argentino.

Hasta el momento, ni el gobierno provincial ni los principales acusados han emitido declaraciones públicas. El avance de la investigación y la definición del nuevo juez a cargo serán claves para el futuro de la causa, que sigue generando repercusiones en el ámbito político y deportivo.