Carlos Carlozzi, ex asesor político vinculado al kirchnerismo y actual asesor en la Legislatura bonaerense, fue detenido en la ciudad de Santa Fe y quedó en prisión preventiva tras ser imputado por amenazas agravadas y tenencia de estupefacientes. La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Labanca, quien consideró que existen riesgos procesales y la gravedad de los hechos amerita la detención sin plazos.

La investigación, a cargo del fiscal Marcelo Nessier, se inició en febrero luego de que una mujer denunciara haber sido amenazada por Carlozzi en un contexto de violencia de género. Según la denuncia, el imputado habría exhibido un revólver calibre .38 para intimidarla y le habría entregado una bolsa con cocaína con la supuesta intención de perjudicar legalmente a su expareja. Durante los allanamientos en dos domicilios de Carlozzi, la policía secuestró 157 gramos de cocaína, un arma de fuego registrada y dinero en efectivo.

La defensa de Carlozzi, encabezada por Néstor Oroño y Macarena Olivera, negó las acusaciones y sostuvo que la relación con la denunciante fue conflictiva, pero sin amenazas ni tenencia de drogas para la venta. Argumentaron que solo 1,7 gramos de la droga eran para consumo personal y que no existían elementos que acreditaran la comercialización, como balanzas o elementos de corte. Además, pusieron en duda la veracidad del relato de la denunciante y señalaron contradicciones temporales en su testimonio.

La jueza Labanca coincidió con la defensa en que no hay pruebas suficientes para imputar la comercialización de estupefacientes, por lo que la acusación quedó en tenencia simple. Sin embargo, consideró que existen indicios de amenazas calificadas y un contexto de violencia de género, fundamentados en la situación de vulnerabilidad de la víctima y la asimetría de poder entre las partes.

El caso ha generado repercusión por el perfil público de Carlozzi y la gravedad de los hechos imputados. La investigación continúa y la situación procesal del imputado podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas. El caso se inscribe en un contexto de creciente atención a la violencia de género y el rol de figuras públicas en investigaciones judiciales.