La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para votar el próximo 8 de abril la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y respaldada por gobernadores de provincias mineras. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que solo los glaciares con “aporte hídrico relevante y comprobable” sean protegidos, transfiriendo a las provincias la facultad de definir qué áreas quedan bajo resguardo.

El oficialismo sostiene que la ley vigente es demasiado restrictiva y ha frenado inversiones mineras millonarias, especialmente en provincias como San Juan y Catamarca. “La discusión no tiene que plantearse como una disyuntiva entre cuidar el ambiente o permitir el desarrollo productivo. Los glaciares son reservas estratégicas de agua y su protección es incuestionable, y esta modificación no viene a bajar ese estándar, sino a ordenar y dar mayor claridad a la ley”, argumentaron desde el bloque oficialista.

Sin embargo, la reforma ha generado una fuerte reacción de organizaciones ambientales, especialistas y vecinos, quienes advierten sobre una posible “regresión ambiental” y la judicialización de la norma. “La modificación abre la puerta a la megaminería en zonas clave para el agua y debilita los presupuestos mínimos de protección ambiental”, sostienen los críticos. En este sentido, se han convocado movilizaciones y recolección de firmas en distintas ciudades, con especial énfasis en la Patagonia, donde los glaciares son fundamentales para el equilibrio hídrico.

El debate se da en un contexto de crisis hídrica y creciente preocupación por el cambio climático. Ambientalistas subrayan que los glaciares no solo abastecen de agua a millones de personas, sino que también cumplen un rol clave en el clima regional. “El agua no reconoce fronteras provinciales”, remarcan.

Mientras tanto, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios en Diputados, replicando la tendencia del Senado, donde la reforma fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. De concretarse la sanción, se anticipa una batalla judicial y un debate nacional sobre el modelo productivo y la protección ambiental en Argentina.