Argentina se encuentra en el centro de un debate global tras la presentación en el Senado de un proyecto de ley que permitiría la creación de sociedades comerciales administradas por inteligencia artificial (IA). Impulsada por el gobierno de Javier Milei y defendida por el ministro Federico Sturzenegger, la iniciativa busca modernizar el régimen societario, reducir la burocracia y atraer inversiones tecnológicas, posicionando al país como pionero en la materia.

El proyecto, que consta de 277 artículos, habilita la posibilidad de que los directorios de empresas estén compuestos por agentes de IA, aunque exige la presencia de un administrador humano responsable. Según Sturzenegger, "no hay ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser más insegura que un humano". Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones encontradas tanto en el ámbito local como internacional.

El historiador Yuval Noah Harari, en una columna publicada en el Financial Times, advirtió que otorgar personalidad jurídica a la IA podría reducir la responsabilidad corporativa y dificultar la aplicación de sanciones efectivas. Sturzenegger replicó en el Senado que la innovación es necesaria y que Argentina debe intentar liderar este proceso. Expertos nacionales, como Alan Daitch y Santiago Siri, consideran que la reforma es audaz y puede insertar al país en la conversación global sobre IA, aunque insisten en la necesidad de marcos regulatorios robustos y claros.

Abogados y especialistas en derecho societario señalan que, si bien la automatización ya es una realidad en sectores como supermercados y finanzas, la clave está en definir quién responde ante eventuales daños causados por decisiones algorítmicas. El proyecto también contempla la creación de Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) y exige la identificación digital de los agentes de IA, lo que ha generado consultas de empresarios interesados en el nuevo marco legal.

A pesar del entusiasmo oficial, aún no existen inversiones comprometidas. María Gisele Cano, abogada corporativa, subraya que la ley podría atraer capital extranjero al ofrecer un entorno más previsible para empresas tecnológicas. Sin embargo, otros expertos advierten que la confianza pública y la seguridad jurídica dependen de mantener mecanismos claros de responsabilidad humana.

El debate en el Congreso será determinante para definir hasta dónde puede avanzar la libertad económica sin sacrificar los principios de responsabilidad y previsibilidad que sostienen el sistema. El resultado podría marcar un precedente internacional y definir el tipo de capitalismo que Argentina aspira a construir en las próximas décadas.