La tradicional empresa láctea La Suipachense, ubicada en Suipacha, provincia de Buenos Aires, fue declarada en quiebra tras más de 70 años de actividad, dejando a 140 familias sin empleo y generando un fuerte impacto en la economía local. El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes dictaminó la inhabilitación definitiva de Lácteos Conosur S.A., razón social de la compañía, y de su principal directivo, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León. La resolución judicial incluyó la clausura de la planta, el bloqueo de cuentas bancarias y la incautación de documentación, además de la intervención de la Sindicatura para verificar posibles irregularidades administrativas.

La empresa acumulaba deudas superiores a $9.000 millones, entre cheques rechazados y pasivos con gremios y obras sociales, además de cuotas vencidas en dólares. La planta llevaba tres meses paralizada, lo que agravó la situación de los trabajadores, quienes realizaron acampes y protestas frente al establecimiento en defensa de sus fuentes laborales. El proceso de quiebra se aceleró tras el incumplimiento de un acuerdo preventivo con los acreedores y la falta de un plan de acción concreto para reactivar la producción.

El cierre de La Suipachense se suma a una serie de quiebras recientes en la industria láctea argentina, como la de ARSA, fabricante de productos SanCor, que dejó sin empleo a más de 400 personas. El sector enfrenta una crisis estructural marcada por el sobreendeudamiento, la caída de precios internacionales, el atraso en los pagos a productores y los altos costos energéticos y financieros. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el precio promedio de la leche al productor en septiembre fue de $474,60 por litro, uno de los valores más bajos en términos reales de los últimos cinco años.

La situación afecta no solo a los trabajadores directos, sino también a decenas de tambos y cooperativas que abastecían la planta y que hoy enfrentan dificultades para colocar su producción. Delegados gremiales y productores advierten sobre el impacto social y económico de estos cierres, mientras empresarios del sector reclaman medidas urgentes para evitar la desaparición de más pymes lácteas. El proceso de verificación de créditos de los acreedores se extenderá hasta febrero de 2026, y el futuro de las instalaciones y los empleados permanece incierto, en un contexto de recesión y falta de políticas de fomento a la producción.

La quiebra de La Suipachense marca el final de una etapa y refleja la crisis más amplia que atraviesa la cadena láctea argentina, con consecuencias profundas para las economías regionales y el empleo industrial.