La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Fundación Faro, el think tank libertario más cercano al oficialismo, a detallar la identidad de sus grandes donantes tras declarar más de $5.000 millones en donaciones durante 2024. El requerimiento, que se produjo luego de que la fundación presentara su balance con casi un año de retraso y sin identificar a los aportantes, expuso tensiones internas en el gobierno y reavivó el debate sobre la transparencia en el financiamiento político argentino.

La Fundación Faro, presidida por Agustín Laje y vinculada a figuras como Santiago Caputo, recaudó fondos a través de cenas exclusivas con empresarios y políticos en el Yacht Club Puerto Madero, donde el cubierto llegó a costar hasta US$25.000. Según los balances, la organización destinó más de $1.000 millones a publicidad política en redes sociales y el resto a inversiones financieras, eventos y sueldos. Sin embargo, el balance presentado ante la IGJ no identificó a los donantes, lo que motivó la intimación del organismo regulador, dependiente del Ministerio de Justicia.

El pedido de la IGJ se interpreta en algunos sectores como parte de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, aunque desde el ministerio se insiste en que se trata de un requerimiento formal y habitual, previsto por la normativa vigente. "La IGJ solicitó únicamente el cumplimiento de un requisito documental. No implica la detección de irregularidades ni la apertura de una investigación", señalaron fuentes oficiales.

La Fundación Faro defendió la legalidad y bancarización de sus fondos, argumentando que todos los aportes son formales y auditados, aunque se negó a revelar la identidad de los donantes por razones de seguridad y privacidad. La información, no obstante, podrá ser solicitada formalmente por cualquier ciudadano o periodista.

El caso se suma a antecedentes de opacidad en fundaciones políticas argentinas y a sospechas de financiamiento cruzado, en un contexto de creciente tensión interna en el oficialismo de cara a la estrategia electoral para 2027. Mientras tanto, medios y opositores cuestionan la falta de transparencia y la posible contradicción con el discurso libertario, mientras la Fundación Faro insiste en que su accionar es legal y transparente.