El paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y sindicatos provinciales tuvo un fuerte impacto en el sistema educativo este martes 14 de octubre. Miles de escuelas públicas y universidades de todo el país vieron afectado el normal dictado de clases, con niveles de adhesión que variaron según la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, la medida fue ampliamente acatada, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el acatamiento fue dispar, con algunos establecimientos funcionando parcialmente y otros con actividad normal.

La movilización principal se realizó en la Capital Federal, donde la Marcha Federal Educativa partió desde el Congreso de la Nación y culminó en el Palacio Pizzurno. Bajo el lema "La Escuela enseña y construye esperanza", miles de docentes de distintas provincias confluyeron en la ciudad, reclamando la reapertura de paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el aumento del presupuesto educativo y la defensa de los derechos previsionales. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, expresó: "Estamos dando continuidad a este plan de lucha frente al ajuste en Educación. Nos movilizamos desde cada lugar del país para garantizar la continuidad del plan de lucha". María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA, destacó la unidad y el federalismo presentes en la jornada: "Lo que sobresale hoy es el federalismo y la unidad en la lucha. La Educación es un derecho que debe garantizar el Estado".

En Santa Cruz, el sindicato ADOSAC anunció un paro de 72 horas y la realización de la Tercer Marcha Provincial Docente en Río Gallegos, en reclamo de recomposición salarial, continuidad de la cláusula gatillo y mejoras en infraestructura escolar. ADOSAC denunció la suspensión unilateral de negociaciones por parte del gobierno provincial y exigió la reapertura inmediata de paritarias.

El conflicto docente se da en un contexto de tensiones crecientes entre los gremios y el Gobierno nacional, especialmente tras la eliminación del artículo de la Ley de Educación Nacional que destinaba el 6% del PBI a educación en el proyecto de Presupuesto 2026. La pérdida salarial acumulada para docentes con doble cargo ronda los $300.000 en los últimos dos años, según estimaciones gremiales. Mientras tanto, gremios privados como SADOP respaldaron la medida, apuntando a la necesidad de mayor inversión y diálogo.

El Gobierno nacional y los gobiernos provinciales aún no han dado respuestas concretas a los reclamos, y los sindicatos advierten que la lucha continuará hasta obtener soluciones. El paro y las movilizaciones reflejan la preocupación por el futuro de la educación pública y la urgencia de políticas que garanticen salarios dignos y recursos adecuados para el sistema educativo argentino.