La ciudad de Rosario fue escenario de un caso policial que ha generado conmoción y debate público. Norma Acosta, una mujer conocida por sus denuncias contra la corrupción policial y el narcotráfico, fue detenida bajo la sospecha de haber organizado un ataque a balazos contra su propia vivienda en el barrio Tablada. El hecho ocurrió a principios de mayo, apenas dos días después de que Acosta expusiera en redes sociales a jefes policiales involucrados en el desvío de fondos de combustible para patrulleros.

Según la investigación liderada por el fiscal Pablo Socca, la hipótesis principal es que Acosta habría planeado el autoatentado para desviar la atención y posiblemente incriminar a ex jefes policiales. En su declaración inicial, Acosta aseguró que los agresores se movilizaban en un Volkswagen Voyage blanco y responsabilizó a un ex jefe del Comando Radioeléctrico. Sin embargo, las pruebas recolectadas, incluyendo registros fílmicos y testimonios, confirmaron que los atacantes eran dos jóvenes en bicicleta, uno de ellos menor de edad, quienes dispararon cinco veces contra la fachada de la casa y luego huyeron en direcciones opuestas.

La investigación permitió identificar a los autores materiales y a Juan José “Jota Jota” Gómez, vinculado a la barra brava de Newell’s, como presunto reclutador de los tiradores. Gómez se entregó a la justicia tras emitirse un pedido de captura en su contra. Uno de los jóvenes confesó haber recibido 200.000 pesos por realizar el ataque, aunque inicialmente no se había determinado quién financió el hecho ni el móvil exacto.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó la complejidad de la causa y pidió prudencia hasta que la justicia se expida. “Todo parece indicar que había una trama criminal muy importante en cabeza de la propia supuesta afectada”, señaló. Acosta será imputada por intimidación pública agravada, falso testimonio y amenazas calificadas contra funcionarios públicos.

El caso pone en evidencia la violencia y las disputas de poder en Rosario, así como la manipulación de denuncias en un contexto de corrupción y enfrentamientos entre barras bravas. La resolución judicial será clave para esclarecer los hechos y sus implicancias en la seguridad local.