La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, enfrentan una nueva denuncia penal por presunto lavado de dinero y corrupción, en una causa que involucra al empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y la empresa TourProdEnter LLC. La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal de Campana, sostiene que los delitos se originaron en la zona norte del conurbano bonaerense, aunque la competencia judicial aún está en disputa entre varios juzgados federales.

Según la investigación, TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, habría recaudado al menos 260 millones de dólares, cobrando una comisión del 30% sobre los ingresos generados fuera del país. Documentos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito revelan que Faroni y Gillette destinaron más de 200 mil dólares de esos fondos a gastos personales en viajes, artículos de lujo y propiedades en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Además, se detectaron transferencias a empresas "fantasma" y pagos millonarios en dólares a firmas de aviación y yates.

El [Departamento de Justicia de Estados Unidos](/entities/entity_1744833732103_261) inició averiguaciones sobre los movimientos de dinero de la AFA en bancos norteamericanos, considerando la posible violación de la ley estadounidense sobre fraude al deber de servicios honestos. El caso ha sido comparado con el escándalo FIFAgate, dado que la jurisdicción de EE.UU. se activa cuando fondos pasan por su sistema bancario.

En paralelo, la justicia argentina avanza con citaciones a Faroni y Gillette, mientras la AFA defiende la legalidad del contrato con TourProdEnter y denuncia una "campaña de difamación". En Italia, la Federación Italiana de Fútbol inhabilitó a Faroni por irregularidades financieras tras la compra del club Perugia.

El escándalo ha generado repercusiones en el fútbol argentino e internacional, con investigaciones en curso tanto en Argentina como en Estados Unidos. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la dirigencia de la AFA y la transparencia en la gestión de fondos del fútbol nacional.